El proyecto de reforma propone sanciones severas y cambios institucionales, amenazando los derechos y la actividad de miles de agricultores en México. En un contexto de controversia, diversos actores del sector agrícola expresan su preocupación ante la propuesta de la nueva Ley Nacional de Aguas, cuyo objetivo declarado es regular el uso del recurso en el país. La iniciativa, aún en discusión, contempla sanciones económicas elevadas y cambios en la estructura de gestión del agua en México, que algunos consideran un retroceso institucional y un riesgo para quienes dependen del recurso para mantener la producción alimentaria. La propuesta prevé multas que podrían alcanzar los cinco millones de pesos por modificaciones mínimas en cauces naturales, incluso cuando estas ocurren de manera natural por fenómenos meteorológicos. Este aspecto ha sido señalado como una posible criminalización del trabajo agrícola, poniendo en entredicho la continuidad de las actividades productivas en zonas rurales. A su vez, se advierte la recentralización del control del agua mediante la desaparición de los órganos de gestión regionales, lo que limitaría la voz de gobiernos locales, productores y especialistas en la toma de decisiones. La eliminación de estos espacios de participación genera preocupación por la pérdida de conocimiento territorial y por una posible concentración del poder en instancias federales. En respuesta a estas inquietudes, algunos senadores trabajan en una propuesta alternativa que garantice el acceso equitativo al agua y la continuidad de la agricultura, destacando que ambos derechos deben coexistir sin ser contrapuestos. Además, se hace un llamado a que las políticas hídricas sean responsables, técnicas y humanas, evitando enfoques sancionadores que puedan afectar la economía rural y la seguridad alimentaria del país. Los actores del campo manifiestan que la crisis del agua no se resolverá con medidas punitivas ni centralización, sino con un análisis integral que con
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