La reforma, que contemplaba cambios importantes en la gestión del agua, fue aprobada tras una sesión prolongada y estrategias políticas, generando preocupación en comunidades campesinas e indígenas.
En una sesión que se extendió durante varias horas, las cámaras legislativas aprobaron la nueva Ley de Aguas, tras una serie de modificaciones que buscaban fortalecer la regulación del uso del vital líquido en territorio nacional. La aprobación respondió a un proceso acelerado, en el que se redujeron los debates previstos y se priorizaron ciertos artículos controversiales. La ley establece un marco para la transmisión y heredabilidad de derechos de agua, además de crear un Fondo Público de Reserva de Aguas Nacionales destinado a gestionar volúmenes provenientes de extinción de concesiones y otros mecanismos.
A pesar de la aprobación, diversos sectores campesinos y comunidades indígenas manifestaron su inconformidad, argumentando que la ley no contempla adecuadamente la consulta y protección de sus derechos ancestrales sobre los sistemas de agua. Analistas señalan que este proceso legislativo refleja un equilibrio complicado entre necesidades regulatorias y derechos sociales, en un contexto de tensiones por el acceso y uso del recurso hídrico en zonas rurales y comunidades originarias. La ley busca además regular para el futuro la asignación de derechos y garantizar la gestión del agua como un bien público esencial, en un escenario donde la escasez aumenta y la protección social del recurso se vuelve prioritaria.