La reforma busca unificar y endurecer las penas por extorsión en todo el país, priorizando la persecución automática y la protección de las víctimas.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una iniciativa para establecer una Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de reforzar el combate a este delito que afecta diversos sectores productivos en México. La reforma, que ya fue avalada en la Cámara de Diputados, introduce cambios significativos en la persecución y sanción de la extorsión a nivel nacional. Uno de los cambios más importantes es que el delito será perseguido de oficio en todas las entidades, eliminando la dependencia de denuncias formales por parte de las víctimas. Además, se crea un tipo penal único, homologado en todo el país, para garantizar mayor certeza jurídica. La penalización se incrementa con penas que van desde 15 hasta 25 años de prisión, y se incluyen agravantes que pueden elevar la condena hasta los 42 años en casos severos. La legislación también contempla medidas para combatir la extorsión telefónica en penales, así como la destinación prioritaria de recursos obtenidos a través de procedimientos de extinción de dominio para resarcir a las víctimas. Con estas medidas, se busca reducir la impunidad y aumentar la protección a quienes enfrentan estas amenazas. La iniciativa refuerza el compromiso del Estado mexicano en fortalecer el marco jurídico contra la delincuencia y proteger la seguridad de su población.