La legislación establece penas de hasta quince años de prisión y crea un sistema coordinado para fortalecer la lucha contra este delito en todo el país. El Congreso de México ha dado un paso importante en la lucha contra la extorsión al aprobar un paquete de reformas que busca uniformizar las sanciones en todo el territorio nacional. La nueva legislación establece penas de prisión que van desde seis hasta quince años, además de multas elevadas, con el objetivo de endurecer las sanciones y disuadir a quienes cometan este delito. La legislación también crea el Centro de Atención a Denuncias, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para coordinar las investigaciones y mejorar la atención a las víctimas. Uno de los principales cambios fue la aprobación de un tipo penal único que será aplicado en todo el país, facilitando la identificación y persecución de extorsionadores. Además, se implementará un número telefónico único, el 089, para recibir denuncias y facilitar la atención a las víctimas. Diversos partidos políticos expresaron su interés en fortalecer las penas y en penalizar también la tentativa, para combatir de manera más efectiva las modalidades de extorsión, incluyendo las amenazas fingidas. Estas medidas responden a la necesidad de reducir la impunidad y proteger a la población de un delito que ha evidenciado su impacto en diferentes regiones del país, donde las organizaciones criminales a menudo operan con impunidad. La aprobación genera expectativas de mayor efectividad en la persecución del delito y en la protección social, alineándose con las tendencias internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada. La discusión en el pleno continúa para definir detalles particulares, y se espera que la legislación enmienda sea instrumental para fortalecer la seguridad y reducir las cifras de extorsión en los próximos años.
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