El país enfrenta un caos político y social tras una serie de protestas masivas, incendios en instituciones y la huida de reos, en medio de rumores de golpe de Estado.
En una serie de incidentes que han sacudido la estabilidad política y social de Nepal, se reporta que al menos 25 personas perdieron la vida y más de 900 reclusos lograron fugarse de las cárceles, en un contexto de creciente violencia y desatar de conflictos políticos. La crisis se intensificó tras semanas de protestas masivas movilizadas por diversos sectores ciudadanos, quienes manifestaron su rechazo a decisiones gubernamentales recientes, incluyendo una ley que restringe el acceso a plataformas digitales como Facebook e Instagram.
El caos alcanzó su punto álgido cuando manifestantes ingresaron al Parlamento, quemaron diversas instalaciones y provocaron el colapso de varias áreas institucionales clave. La crisis política se agravó con la renuncia y supuestamente el asesinato de varios líderes, situación que generó un vacío de poder y una percepción de golpe de Estado en marcha. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue insuficiente, lo que permitió que los disturbios se expandieran rápidamente, involucrando tanto a la policía como al ejército en la contención. La situación ha puesto en evidencia la inestabilidad profunda del sistema político nepali y la tensión social acumulada en los últimos meses.
Un hecho destacado es la unión de actores militares y civiles en acciones que parecen desafiar el orden constitucional, lo que ha generado alarma en la comunidad internacional. El incremento en la cifra de víctimas y el ingreso de muchos a hospitales refleja la gravedad del conflicto, mientras que la fuga masiva de internos plantea riesgos adicionales para la seguridad del país. Expertos sugieren que la crisis podría tener repercusiones duraderas si no se logra un proceso de diálogo y pacificación efectiva.