Líderes agrícolas exigen mecanismos de mercado y financiamiento para garantizar un desarrollo sostenible en el país.
Un grupo de productores agrícolas de diversos estados de México ha iniciado una campaña para fortalecer el campo y frenar una crisis que va más allá de los precios de garantía. La iniciativa busca establecer un reconocimiento oficial a la agricultura como motor de desarrollo, proponiendo políticas que aseguren condiciones de mercado justas, financiamiento adecuado y el manejo sustentable del agua.
Este movimiento, que comenzó en regiones como Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, plantea adoptar mecanismos de fijación de precios que consideren los costos de producción y el consumo interno. Además, demanda una banca de desarrollo a nivel nacional para respaldar a las comunidades rurales y la eliminación del acuerdo con la bolsa de Chicago, con el fin de tener una política agrícola más segura y próxima a las necesidades nacionales.
La propuesta también incluye reformar la Ley Nacional del Agua, debido a que la legislación vigente es vista como regresiva y contraria a la Constitución. Se advierte que mantener el status quo podría invalidar concesiones antiguas, frenar inversiones en infraestructura agrícola y afectar generaciones de familias dedicadas al campo. En el estado de Chihuahua, productores están en negociaciones para establecer precios justos para el maíz y definir una agenda con autoridades federales en próximos días. Recientemente, en la frontera con Estados Unidos, se activó el paso libre en una acción que refleja las tensiones y movilizaciones del sector agrícola.
Este esfuerzo busca promover una política agrícola integral para garantizar el sustento y la competitividad del sector en el largo plazo, resaltando la importancia de proteger los recursos y el desarrollo económico rural del país.