En medio de una investigación por tráfico de combustible, dos hermanos militares acumularon millones en ingresos y gastos sospechosos, sin declarar correctamente. La red operaba con complicidad de funcionarios y vehículos de alto valor.
En una investigación que revela la magnitud de operaciones ilícitas vinculadas a integrantes de la Secretaría de Marina, se han detectado pagos millonarios en la nómina de dos hermanos que ocupan cargos militares. Los oficiales Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna recibieron en conjunto más de 35 millones de pesos en pagos electrónicos y en efectivo, entre 2020 y 2024, a pesar de declarar montos mucho menores ante las autoridades fiscales. Estas discrepancias indican posibles operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, además de utilizar diferentes mecanismos y empresas para justificar los recursos.
La red de tráfico de combustible ilícito, conocida como huachicol, operaba con sofisticación, incluyendo la falsificación de documentos, transacciones inmobiliarias simuladas y adquisición de vehículos de lujo. La colaboración de funcionarios en los puertos facilitaba la descarga de combustibles no declarados, que eran posteriormente distribuídos y comercializados de forma ilegal. Los informes sugieren que estos delitos estaban acompañados de movimientos financieros complejos, donde las cuentas bancarias vinculadas a familiares y prestanombres movieron millones de pesos relacionados con operaciones sospechosas en varias instituciones financieras.
El caso evidencia cómo las estructuras criminales dentro de instituciones públicas pueden manipular los mecanismos oficiales para lucrar con actividades ilícitas de gran escala. La existencia de operaciones inmobiliarias y vehículos de alto valor, así como depósitos multimillonarios en diferentes cuentas, refuerza la sospecha de que el dinero proveniente del huachicol fue lavado y canalizado a través de bienes y servicios que en apariencia justifican su origen. La investigación también involucra a la esposa de uno de los militares, quien sería objeto de una orden de aprehensión, en una red de presuntas operaciones simuladas y utilización de prestanombres para esconder el patrimonio ilícito.
La información revela cómo la corrupción y el crimen organizado se infiltran en instituciones gubernamentales, permitiendo actividades ilícitas de gran escala que evaden el control fiscal y facilitando operaciones peligrosas que amenazan la seguridad pública y la economía del país.