CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. – El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, incluyendo la cancelación de la aplicación móvil CBP One y la intensificación de la externalización de fronteras bajo la administración de Donald Trump desde enero de 2025, ha dejado a miles de personas migrantes varadas en México. Estas personas enfrentan ahora necesidades prioritarias de acceso a alimentos, vivienda, empleabilidad y emprendimiento, así como la urgencia de procesos legales y políticos que les permitan acceder al empleo formal.
Un diagnóstico del Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México) señala que la incertidumbre sobre las futuras políticas migratorias y la falta de claridad sobre los riesgos de retorno voluntario o deportación a sus países de origen están provocando afectaciones significativas en la salud mental de los migrantes. En Ciudad Juárez, se observan episodios de ansiedad, desesperanza y desánimo, así como dificultades para planificar a corto plazo.
La organización destaca que el Gobierno estadounidense ha normalizado medidas que restringen el refugio y legitiman el uso de la fuerza, socavando principios del derecho internacional bajo el argumento de la seguridad nacional. Además, la cancelación del derecho de asilo y la reestructuración de la cooperación internacional, con organismos como USAID respondiendo directamente al Departamento de Estado, alinean las decisiones con una agenda de exclusión.
JRS México denuncia que México actúa como un actor estratégico en el dispositivo de contención regional promovido por Estados Unidos. La política migratoria ambigua del país, según la organización, lejos de garantizar protección, profundiza la exclusión y el sufrimiento de las personas desplazadas.
La desarticulación de la respuesta humanitaria y el debilitamiento de los sistemas de protección, tanto públicos como asistenciales, han mermado la capacidad de albergues y espacios de acogida. El cambio en los proyectos migratorios de estas personas refuerza la necesidad de fuentes de ingresos estables, ya sea para financiar el retorno a sus países o para establecerse en México.
El JRS México subraya la necesidad de impulsar procesos de incidencia legal y política para promover categorías migratorias que faciliten el acceso al empleo formal. Se requiere un trabajo colaborativo entre la sociedad civil y la Iglesia para lograr cambios legislativos y políticas que atiendan las necesidades de las personas en movilidad forzada.