El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones y Control registró 1.4 millones de alertas improcedentes, afectando recursos.
Morelia, Michoacán. El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Michoacán reporta que durante 2025 se recibieron un total de 1 millón 700 mil llamadas al servicio telefónico de emergencias, de las cuales un alarmante 83.5 por ciento, equivalentes a aproximadamente 1.4 millones, fueron identificadas como bromas o alertas falsas.
Esta situación contrasta drásticamente con el número de emergencias reales atendidas. Solo el 16.5 por ciento de las llamadas, es decir, 284 mil 726, correspondieron a incidentes que ameritaron el despliegue de unidades de atención y respuesta. El uso indebido de los números de emergencia desvía recursos valiosos que podrían ser destinados a situaciones críticas, impactando la eficiencia operativa de los cuerpos de seguridad y auxilio.
El fenómeno de las llamadas falsas se acentuó particularmente durante fechas conmemorativas. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se registraron mil 345 llamadas, de las cuales 948, es decir, el 70.5 por ciento, fueron falsas. Este patrón subraya la necesidad de campañas de concientización ciudadana sobre el uso responsable de los servicios de emergencia.
La constante afluencia de alertas improcedentes genera una carga de trabajo significativa para el personal del C5i, quienes deben procesar cada llamada, independientemente de su veracidad. Esta situación no solo satura las líneas telefónicas, sino que también puede generar retrasos en la atención de emergencias genuinas, poniendo en riesgo la seguridad de la población.
El problema de las llamadas falsas a servicios de emergencia no es exclusivo de Michoacán y representa un desafío recurrente para las autoridades a nivel nacional e internacional. En años anteriores, sistemas como el 088 de la Guardia Nacional también han reportado altos volúmenes de llamadas no válidas. La sobrecarga de estos sistemas compromete su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo real, evidenciando la importancia de la educación cívica para optimizar la operación de los recursos públicos dedicados a la seguridad y protección ciudadana.