La falta de digitalización, corrupción y estructuras obsoletas afectan los servicios públicos y la confianza ciudadana en las instituciones nacionales. El país atraviesa un considerable estancamiento en la incorporación de tecnologías y procesos innovadores en su administración pública, lo que limita la calidad y agilidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. La baja digitalización, con solo un 16.2 % de trámites gubernamentales realizados por internet en 2023, refleja un retraso en la modernización que impacta desde el cumplimiento de obligaciones hasta áreas esenciales como salud, educación y seguridad. A esto se suma una serie de problemáticas estructurales derivadas de decisiones económicas y políticas de las últimas décadas. La austeridad mal entendida y el debilitamiento de instituciones clave han provocado un deterioro en la gestión pública, evidenciado en el aumento de la privatización de servicios médicos y en el desabasto de medicamentos críticos, afectando la salud pública y la atención a poblaciones vulnerables. Por otra parte, el sistema judicial muestra alarmantes índices de impunidad, con sólo el 1 % de los delitos con sentencia condenatoria, en gran parte por la falta de incorporación de tecnologías y procesos eficientes. La incorporación de tecnologías innovadoras, como blockchain, inteligencia artificial y sistemas logísticos avanzados, se presenta como una oportunidad para solucionar estos problemas. Estas herramientas permitirían mayor transparencia, trazabilidad, y eficiencia, además de reducir la corrupción y optimizar la gestión pública. La adopción de estas soluciones requiere una visión política comprometida con la modernización y la gestión basada en evidencia, orientada a restaurar la confianza en las instituciones y ofrecer servicios públicos dignos y eficientes. En definitiva, acelerar la innovación en el sector público es esencial para responder a las necesidades sociales, fortalecer la transparencia y mejorar la calidad de vida
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