El gobierno mexicano cuestiona la evaluación internacional y defiende su política de combate a las desapariciones en un contexto de crisis prolongada. La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó que en México se aplican estrategias sólidas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, asegurando que estas acciones forman parte de una política de Estado. El país, que mantiene un diálogo constante con organismos internacionales, argumenta que la decisión de activar un procedimiento en la Organización de las Naciones Unidas para examinar indicios de prácticas generalizadas o sistemáticas carece de fundamento y corresponde solo a circunstancias excepcionales. La evaluación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se produce en medio de una crisis social marcada por cifras que indican más de 133,000 personas desaparecidas y una alta impunidad en los procesos judiciales relacionados con estos delitos. El mecanismo internacional, que se activó por primera vez respecto a un Estado, suscita controversia en México, donde las instituciones oficiales sostienen que las desapariciones son una problemática grave, pero no sistémica. Expertos y colectivos continúan demandando acciones efectivas y mayor transparencia para resolver estos casos y garantizar justicia a las víctimas. La actual situación refleja la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y las políticas públicas, además de definir claramente conceptos como desaparición generalizada o sistemática, que son clave en la evaluación del citado mecanismo.
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