La nueva Ley General de Aguas garantiza el acceso al recurso vital, priorizando derechos humanos y introduciendo principios innovadores en la gestión hídrica.
A partir de hoy, en México está en vigor una reforma histórico en materia de derechos humanos y servicios públicos, que establece la prohibición de suspender el suministro de agua por falta de pago. La Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, prioriza el acceso continuado y asequible a este recurso esencial para todos los hogares del país.
Este cambio legal concreta en el marco jurídico lo que establece la Constitución, defendiendo un derecho humano que garantiza agua suficiente, salubre, aceptable y asequible. Además, la ley introduce el principio “In Dubio Pro Aqua”, que obliga a resolver cualquier duda legal en favor del acceso al agua, reforzando el compromiso del Estado con los derechos de la población.
También se contempla la protección de los derechos a la vivienda digna, asegurando agua suficiente para la higiene menstrual, con especial atención a niñas, adolescentes y mujeres. La ley además reconoce formalmente la existencia de Sistemas Comunitarios de Agua en zonas rurales, promoviendo que comunidades gestionen sin fines de lucro sus recursos hídricos.
Estas reformas refuerzan la responsabilidad compartida entre Federación, estados y municipios en la gestión del agua, establecen reglas para la captación de lluvia y prohíben reducir derechos ya adquiridos, garantizando que los avances en el acceso no sean reversibles. En un contexto global, donde el agua enfrenta una creciente demanda y amenaza por el cambio climático, estas medidas representan una apuesta significativa por la conservación y el respeto al derecho humano al agua en México.