La reforma regula desde la producción hasta la comercialización, pero especialistas alertan sobre la persistencia de sustancias dañinas en el país.
El gobierno mexicano implementó una nueva normativa que prohíbe la fabricación, importación, y uso de 35 plaguicidas considerados peligrosos, en un esfuerzo por reducir riesgos a la salud y el medio ambiente. Sin embargo, la regulación actual mantiene la autorización de 171 sustancias clasificadas como altamente peligrosas en otros países, lo que genera preocupaciones entre expertos y organizaciones ambientalistas. La decisión también implica que desde la producción hasta la disposición final de estos productos deben cumplir con ciertas restricciones, pero la vigilancia en su cumplimiento sigue siendo un desafío crucial.
Históricamente, varias de estas sustancias ya fueron suspendidas en México por Cofepris desde 2016, aunque algunas mantenían permisos vigentes a través de otros decretos, lo que complicaba su regulación efectiva. La inmediatez y el alcance de las medidas regulatorias son fundamentales pues registros oficiales señalan que entre 2014 y 2015 se presentaron más de 2,800 casos anuales de intoxicaciones por plaguicidas, con un incremento en lo que va del año a más de 1,600 incidentes en estados como Jalisco, Guerrero y Veracruz.
La presencia de plaguicidas peligrosos en México es significativa. Según investigadores en salud y medioambiente, existen 210 productos aún autorizados, entre los que destacan sustancias con niveles de toxicidad muy alta, como el herbicida paraquat, utilizado en el país pese a estar prohibido en 72 naciones. Datos oficiales revelan que entre 2010 y 2019, México importó más de 40 mil toneladas de estos productos. Expertos advierten que la regulación actual resulta ser un avance tímido frente al grave problema que representan estos compuestos, que incluyen neurotóxicos y probables carcinógenos.
A largo plazo, el gobierno planea prohibir otros grupos de plaguicidas en 2026 y 2027, buscando promover alternativas menos nocivas y consolidar un sistema de control en la venta. Sin embargo, especialistas sugieren que la implementación de un programa nacional que permita una prohibición gradual y un sistema de monitoreo robusto sería más efectivo. Además, proponen que se avance hacia un modelo de agricultura ecológica que reduzca la dependencia de sustancias químicas peligrosas, priorizando la salud pública y la sustentabilidad.