La insuficiente inversión y desigualdad en el manejo del agua amenazan la seguridad alimentaria y el desarrollo del país. La crisis del agua en México demanda una inversión urgente y significativa para garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible del país. La cifra propuesta por expertos en el sector señala la necesidad de destinar aproximadamente 350 mil millones de pesos para atender integralmente los desafíos del recurso hídrico, entre ellos, mejorar la infraestructura, recuperar ecosistemas y fortalecer la gobernanza. A pesar de la gravedad de la situación, el Presupuesto de Egresos para 2026 presenta una reducción de recursos destinados al sector, ajustándose de 37 mil a 36 mil millones de pesos, lo cual resulta insuficiente frente a las demandas actuales. La falta de inversión en tecnologías eficientes y en la protección de ecosistemas clave exacerba la crisis, afectando directamente la producción agrícola y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. La distribución del presupuesto muestra una marcada concentración en el nivel federal, dejando a los gobiernos estatales y municipales con recursos limitados para enfrentar eventos críticos como sequías prolongadas. En regiones como Chihuahua, donde se cumplen obligaciones internacionales sin apoyo equitativo, la situación se ve agravada, revelando una falta de justicia presupuestal y coordinación efectiva. Expertos resaltan que dar certeza jurídica a los concesionarios legítimos, especialmente a los pequeños productores, es fundamental para una gestión eficiente del recurso. Además, advierten que actividades ilegales como el “huachicoleo del agua” deben ser combatidas para evitar la explotación indebida del vital líquido. Construir una gobernanza participativa, que escuche a la sociedad y proponga soluciones consensuadas, es esencial para afrontar esta emergencia hídrica. La propuesta de aumentar la inversión en infraestructura y en la protección de ecosistemas busca crear un marco de acción que
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