CIUDAD DE MÉXICO. – México ha dado un paso significativo en la atención a la crisis de personas desaparecidas con la aprobación de un protocolo homologado por el Sistema Nacional de Búsqueda. Este nuevo modelo busca agilizar la localización e identificación a través de la integración de datos biométricos, la activación de una alerta nacional obligatoria y la mejora en la coordinación entre fiscalías y dependencias federales.
El acuerdo, avalado en una sesión privada en la Secretaría de Gobernación (Segob), eleva el estándar de actuación del Estado y fortalece la capacidad operativa de las instituciones encargadas de la búsqueda. Un cambio fundamental es que todo registro de persona desaparecida deberá contar con una carpeta de investigación, lo que obliga a los ministerios públicos a iniciar las indagatorias de manera inmediata.
“La búsqueda y la investigación dejan de caminar por separado. Ahora avanzan juntas como una sola obligación del Estado”, afirmó la Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez. La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, compartió en redes sociales la realización de la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, reafirmando el compromiso para avanzar hacia un país con verdad y justicia para las víctimas.
El protocolo incorpora de manera formal la búsqueda de personas en el mar y otros cuerpos hídricos, un área que previamente presentaba vacíos institucionales. Para ello, se estableció un esquema de cooperación tecnológica con la Conagua y la Secretaría de Marina para ampliar la cobertura territorial de las acciones de búsqueda.
Un eje central del nuevo modelo es la Plataforma Única de Identidad, que permitirá el cruce continuo de información biométrica e identidad de personas desaparecidas. Esta plataforma, que comenzó operaciones el 28 de noviembre, deberá ser utilizada por autoridades, empresas y organizaciones de diversos sectores, incluyendo instituciones financieras, transporte, servicios de salud, centros de atención a adicciones, hospedaje y asociaciones religiosas.
Asimismo, el protocolo establece una alerta nacional de búsqueda, localización e identificación de activación inmediata y con alcance obligatorio para todas las autoridades del país. Esta alerta permanecerá activa hasta que la persona sea localizada y garantizará información constante para las familias. Se integró también el Banco Nacional de Carpetas de Investigación, operado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Otro cambio relevante es la homologación de la ficha de búsqueda a nivel nacional, sustituyendo formatos dispersos por un documento único, claro y obligatorio. El protocolo también incorpora de forma explícita el enfoque de larga data, reconociendo que el paso del tiempo no cancela el derecho a ser buscado. Para los casos previos a la entrada en vigor del protocolo, se establece la obligación de realizar análisis de contexto exhaustivos, integrando los aportes de las familias.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el nuevo protocolo fortalece la búsqueda de la verdad y la justicia, garantizando que las desapariciones no queden en la impunidad.