La debilidad institucional y la inacción contra el crimen organizado desgastan la credibilidad del país en el contexto internacional y afectan su seguridad interna.
En México, la presencia y el control del crimen organizado en diversas regiones del país enfrentan una profunda resistencia debido a la debilidad estructural de las instituciones. A pesar de contar con marcos legales para combatir delitos financieros y desmantelar redes delictivas, la aplicación efectiva de estas herramientas sigue siendo limitada, lo que envía una señal equivocada a los aliados internacionales y a la inversión extranjera. La percepción de que las fuerzas de seguridad actúan de manera selectiva o insuficiente en la lucha contra las organizaciones criminales genera desconfianza y contribuye a la vulnerabilidad del Estado.
Uno de los principales obstáculos en la estrategia de seguridad ha sido la falta de continuidad en las políticas públicas. Programas emblemáticos, como el Plan Michoacán, han sufrido cambios frecuentes que impiden obtener resultados duraderos. La falta de recursos adecuados, coordinación y medición real del impacto han llevado a que la situación se mantenga en niveles críticos, afectando la percepción de estabilidad tanto nacional como internacional.
Para revertir esta tendencia y fortalecer la confianza en las instituciones, es urgente implementar acciones concretas: activar de manera transparente el combate financiero, establecer protocolos internacionales para el uso de la fuerza, garantizar la continuidad de la estrategia de seguridad mediante legislación sólida, y crear mecanismos de diálogo con la comunidad empresarial y actores internacionales. Solo con resultados verificables y una institucionalidad fortalecida, México podrá recuperar su control territorial y credibilidad en el escenario global.