La falta de coordinación en los impuestos y esquemas de carbono genera distorsiones que afectan la competitividad industrial y la transición ecológica en el país.
México enfrenta desafíos para unificar sus mecanismos de precios al carbono, ya que la dispersión de impuestos y programas afecta la competitividad de sus industrias. Desde 2014, el país ha establecido un impuesto al carbono dentro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y en 2020 puso en marcha un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), ambos dirigidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Además, más de quince estados han implementado sus propios impuestos locales al carbono, lo que ha provocado inconsistencias y vacíos regulatorios debido a la ausencia de un marco coordinado.
Expertos en economía ambiental resaltan que un diseño integral y coordinado para estos instrumentos es vital. La definición clara de metas y estrategias, así como una planificación robusta con inversión y señalización adecuada, son esenciales para una transición energética efectiva. La falta de armonización puede derivar en que empresas manipulen los sistemas, elevando los costos y comprometiendo la sostenibilidad económica del país.
Además, la comunidad académica señala que implementar un precio al carbono en diferentes niveles de gobierno ayuda a internalizar los costos ambientales y fomenta inversiones en energías limpias, pero advierte que una transición mal coordinada puede generar pérdida de competitividad en sectores clave y efectos negativos en la distribución de ingresos. La experiencia internacional muestra que, sin un enfoque unificado, las políticas climáticas resultan menos eficaces y más costosas.
En este contexto, fortalecer la integración de los mecanismos de precios al carbono se presenta como un paso indispensable para que México avance en su compromiso de reducir emisiones y afrontar los retos del cambio climático, sin sacrificar su competitividad industrial.