La baja participación empresarial en certificaciones ecológicas limita el impulso a prácticas sostenibles en la región, pese a los beneficios económicos y sociales. En Quintana Roo, donde la actividad empresarial suma más de 58 mil firmas, apenas unas 50 han obtenido alguna certificación ambiental oficial, lo que representa menos del 1% del total, de acuerdo con datos recientes. La certificación ambiental se presenta como una herramienta clave para promover prácticas sostenibles y responsables en diversos sectores, especialmente en el turístico, que es fundamental para la economía regional. Actualmente, existen cuatro reconocimientos emitidos por las autoridades ambientales mexicanas, pero en 2026 estos serán unificados en el Sello Verde, un distintivo que facilitará a los consumidores identificar a las empresas que cumplen con estándares ecológicos rigurosos. La iniciativa prioriza certificar primero a medianas y grandes firmas, debido a que su impacto en recursos naturales y emisiones es mayor, para luego incluir a las micro y pequeñas empresas, buscando incrementar su competitividad mediante la adopción de prácticas responsables. Sectores como la minería y la hotelería enfrentan mayores retos en la implementación de medidas ecológicas, ya que afectan recursos no renovables y requieren control de procesos. Sin embargo, obstáculos como el desconocimiento del proceso, la burocracia y la falta de conciencia social dificultan la participación empresarial en estas certificaciones. Los procedimientos de obtención pueden durar entre uno y tres meses, con un proceso de verificación final que tarda entre uno y dos meses adicionales. El impacto de ampliar el alcance del Sello Verde sería significativo: además de reforzar la imagen de las compañías, se estima que su adopción podría aportar unos 36 millones de pesos al Producto Interno Bruto local y crear más de 58 mil empleos mejor remunerados, fortaleciendo la economía y promoviendo un desarrollo más sostenible.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
