Aunque el nuevo presidente de la Suprema Corte promete austeridad, su equipo de asesores supera al de su antecesora, generando cuestionamientos sobre la congruencia de sus acciones.
La reciente incorporación de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado marcada por contrastes en la gestión de recursos humanos. Mientras se ha comprometido a reducir gastos y promover una mayor austeridad en el organismo, su estructura de apoyo profesional muestra una realidad diferente.
El directorio oficial de la Suprema Corte revela que la coordinación de asesores bajo su liderazgo incluye a 29 profesionales, entre ellos figuras como Vidulfo Rosales Sierra, representante de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien percibe un salario mensual neto de aproximadamente 118 mil pesos. Además, su equipo cuenta con personal en roles como profesionales operativos, técnicos, secretarios adjuntos y coordinadores, totalizando más de 50 integrantes en diferentes áreas de apoyo.
Para comparación, la anterior presidenta de la Corte, Norma Piña, contaba con un equipo compuesto por alrededor de seis asesores, quienes también formaban parte de lo que ahora se denomina la Oficina de la Presidencia. Este grupo incluía secretarios, asistentes y técnicos, con un personal significativamente menor en cantidad y estructura.
La discrepancia entre la promesa de austeridad y la magnitud del equipo técnico genera un debate sobre la gestión de recursos en la Corte y el balance entre eficiencia, transparencia y la necesidad de contar con personal calificado para el desempeño judicial. La percepción de mayor gasto en el equipo de Aguilar Ortiz, en contraste con sus declaraciones, refleja las complejidades del funcionamiento interno del máximo órgano judicial del país.
Este escenario evidencia la importancia de la transparencia en la asignación de recursos en instituciones públicas, y cómo las decisiones de estructura y cantidad de personal pueden influir en la percepción pública y en la confianza hacia las instituciones judiciales.