Boston, Massachusetts. – La gobernadora Maura Healey ha propuesto la instalación de cámaras de velocidad en zonas escolares y de construcción, una medida que busca mejorar la seguridad vial. Sin embargo, la legislación pendiente también incluye cámaras de semáforo y otros sistemas automatizados que podrían generar preocupaciones sobre la vigilancia y la equidad en la aplicación de la ley.
Las cámaras de velocidad están diseñadas para detectar automáticamente vehículos que exceden el límite de velocidad y emitir multas correspondientes. En al menos 19 estados se permite el uso de esta tecnología con el fin de reducir el exceso de velocidad y mejorar la seguridad. No obstante, existe una preocupación creciente sobre su potencial para exacerbar las disparidades raciales en la aplicación de la ley.
En Massachusetts se ha documentado que conductores afroamericanos y latinos enfrentan un mayor riesgo de ser detenidos y multados en comparación con sus contrapartes blancas. La implementación de sistemas de vigilancia automatizados podría amplificar estas desigualdades al aumentar la interacción con el sistema legal y cargar injustamente a comunidades de bajos ingresos con más multas y deudas.
Investigaciones previas han señalado que el estrés fiscal a nivel local se relaciona con un aumento en las tasas de citaciones y arrestos durante paradas de tráfico. Esta tendencia ha sido denominada como “policía como impuesto”. Situaciones similares en ciudades como Ferguson, Missouri, han evidenciado cómo los sistemas de multas pueden priorizar la recaudación de ingresos sobre la justicia y la equidad.
Para prevenir que la aplicación automatizada de la ley cree un ciclo de endeudamiento en comunidades vulnerables, es fundamental establecer auditorías de equidad antes de implementar sistemas de cámaras. Además, deben existir límites estrictos sobre las multas y protecciones para salvaguardar los derechos civiles, evitando que datos obtenidos sean compartidos con autoridades migratorias.