“El Bótox” pide a la Presidenta Claudia Sheinbaum investigar presuntos nexos de la familia Bravo con el narcotráfico.
Uruapan, Michoacán. César Alejandro Sepúlveda, conocido como “El Bótox” y líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya, se deslinda públicamente del asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo. A través de un video difundido en redes sociales, Sepúlveda acusa a un hermano de la víctima de colaborar con grupos criminales de Tierra Caliente y de participar en el traslado de recursos ilícitos desde Estados Unidos hacia Apatzingán.
En la grabación, que supera los cinco minutos de duración, “El Bótox” hace un llamado directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, solicitando una investigación exhaustiva sobre la familia de Bernardo Bravo. Específicamente, señala a Jaime Bravo, hermano del occiso, de recibir fondos de organizaciones delictivas en Estados Unidos y de su posterior entrega en moneda nacional en Apatzingán. Sepúlveda también alega que la familia Bravo se ha beneficiado ilícitamente, obteniendo recursos para sus empaques limoneros en dicha localidad.
Adicionalmente, el líder de Los Blancos de Troya exige la liberación de su esposa e hija, quienes, según sus declaraciones, han sido presuntamente involucradas en delitos fabricados y mantenidas en una situación de privación ilegal de la libertad. Esta declaración se produce días después de la difusión de un primer video de Sepúlveda, coincidiendo con un operativo de seguridad federal y estatal en Tierra Caliente, enfocado en su localización por la muerte de Bernardo Bravo.
La situación pone de manifiesto las complejas dinámicas de poder y violencia que afectan a la región de Tierra Caliente, una zona históricamente marcada por la presencia de grupos delictivos y disputas por el control territorial y de actividades ilícitas, incluyendo el trasiego de drogas y el lavado de dinero. Las acusaciones de “El Bótox” añaden una nueva capa de conflicto, señalando presuntas conexiones de las propias víctimas o sus familias con las estructuras criminales que operan en la zona, lo que podría complicar las investigaciones y exacerbar la inseguridad.