Organizaciones agrícolas advierten posibles bloqueos en la Ciudad de México si la nueva legislación se aprueba sin cambios, ante preocupaciones sobre su impacto en el campo.
La discusión en el Senado de la República sobre la aprobación de la Ley General de Aguas ha puesto en alerta a sectores agrícolas del país, que temen que la reforma pueda limitar el acceso al recurso y favorecer el control centralizado por parte del gobierno federal. La normativa busca reorganizar la gestión del agua, estableciendo nuevas concesiones, fortaleciendo sanciones por extracción ilegal y reconociendo sistemas comunitarios, pero ha generado rechazo en las comunidades rurales. Organizaciones campesinas han advertido que, de no realizarse modificaciones, podrían llevar a cabo protestas en la Ciudad de México, lo que afectaría la movilidad urbana. La percepción de concentración de poder y la falta de consulta previa a comunidades indígenas y productores ha alimentado la tensión. La ley, impulsada por el Ejecutivo, busca garantizar el derecho humano al agua y garantizar sostenibilidad, pero su aprobación sin consenso podría derivar en conflictos sociales y movilizaciones en varias regiones del país. La decisión final en el Congreso se ha vuelto crucial para evitar escenarios de protesta que podrían tener un impacto nacional.