La gobernadora de Nuevo León advierte que la nueva legislación afecta garantías constitucionales y genera bloqueos que impactan la economía local.
En las últimas semanas, diversos sectores de la sociedad han manifestado su inconformidad con la Ley Nacional de Aguas, argumentando que esta reforma limita derechos fundamentales relacionados con la propiedad de pozos y permisos de extracción. La gobernadora de Nuevo León expresó que dichas modificaciones no solo afectan la seguridad del suministro hídrico, sino que también amenazan las garantías constitucionales de los ciudadanos, al retirar el derecho a heredar, solicitar permisos o mantener pozos existentes sin restricciones excesivas. Además, se han registrado bloqueos en rutas y vías de tránsito en varias regiones del país, provocando severas afectaciones económicas en empresas y a trabajadores. Para comprender el impacto de esta ley, es importante considerar que el control del recurso hídrico es un tema de creciente importancia en México, dada la escasez cada vez mayor y la necesidad de garantizar un uso sustentable. La comunidad internacional señala que reformas que limiten derechos pueden generar conflictos sociales y afectar el desarrollo económico, por lo que la discusión en torno a su regulación debe profundizarse con responsabilidad. Es crucial que las autoridades escuchen a todos los sectores y encuentren soluciones que protejan tanto el recurso como los derechos de los ciudadanos.