El Gobierno y el Congreso preparan acciones para fortalecer la persecución y sanción de este delito en México, conformando una estrategia integral contra la violencia. En el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso mexicano, las autoridades y legisladores afinan su agenda con la extorsión como tema prioritario. La Secretaría de Gobernación informó que, tras reuniones con coordinadores parlamentarios, se consolidó una hoja de ruta que incluye la pronto discusión de una reforma constitucional y una ley específica para combatir este delito, que ha mostrado un aumento significativo en los últimos años. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer mecanismos de persecución de oficio, fortalecer las investigaciones financieras y promover canales de denuncia como el 089, con miras a reducir la impunidad que ha permitido la proliferación de extorsiones en varias regiones del país. La experiencia internacional y los antecedentes recientes evidencian que una legislación homogénea y efectiva es fundamental para enfrentar la dificultad de persecución de la extorsión, que ha incrementado en un 57.62% en seis años. Además, la estrategia forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que buscan crear un marco legal más sólido y coordinado para proteger a las víctimas y disminuir la incidencia delictiva.
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