Tras semanas de negociaciones y protestas, la reforma regula la venta y concesiones del recurso hídrico, fortaleciendo la seguridad jurídica y combatiento el mercado negro.
En una medida que busca fortalecer la gestión del agua y proteger los derechos de los propietarios rurales, el Congreso de México aprobó una reforma que regula el uso y concesión del recurso hídrico, tras más de 25 horas de discusión y protestas en las instalaciones de la Cámara de Diputados. La movilización de agricultores y campesinos, quienes bloquearon carreteras y accesos a San Lázaro, forzó un diálogo que culminó en modificaciones clave para la protección de sus patrimonios.
El cambio principal posibilita que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) emita en un plazo de 20 días hábiles los títulos de agua tras una venta o herencia, fomentando mayor seguridad jurídica. La reforma también prohíbe la venta de agua como un bien comercial para evitar el acaparamiento y el mercado negro de pozos, problema que, según estudios, afecta a una minoría con concesiones que explotan volúmenes significativos del recurso en actividades agrícolas e industriales.
Este ajuste, que llega en un contexto de creciente preocupación por el uso irracional del agua en México, busca evitar que particulares acumulen pozos para especulación o venta fraudulenta. La iniciativa también reafirma que el agua es un bien nacional, protegiendo a los propietarios legítimos y promoviendo un uso más equitativo y sustentable, en respuesta a las crecientes demandas de recursos en un país con escasez cada vez mayor.
En un panorama más amplio, la ley representa un avance en la regulación del agua en un país donde la sobreexplotación y el mercado ilegal han puesto en jaque la sustentabilidad del recurso. La participación activa del sector campesino, ante el temor de perder derechos adquiridos, evidenció la necesidad de una legislación equilibrada que permita el desarrollo agrícola sin afectar los derechos históricos, promoviendo además una gestión transparente y justa.
El legislador Ricardo Monreal Ávila, quien lideró las negociaciones, ratificó que esta reforma busca acabar con prácticas de acaparamiento y garantizar que la tierra y el agua sigan siendo un patrimonio de los productores locales, además de ofrecer certeza jurídica para futuros sucesores. La ley, vigente desde el 11 de diciembre, refleja un compromiso con la regulación del agua, considerando la importancia estratégica de este recurso para el desarrollo sustentable del país.
Como contexto, la escasez de agua en México se ha agravado en las últimas décadas, impulsando desde legislaciones hasta acciones comunitarias para preservar este recurso vital. La legislación actual pretende equilibrar los intereses económicos y sociales, garantizando que el agua siga siendo un bien de todos y evitando su concentración en manos de pocos.