El Gobierno de Castilla y León recurrirá el reciente acuerdo del Gobierno central que establece un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados. Esta decisión fue anunciada tras la aprobación del Real Decreto 556/2026 el pasado 30 de junio, que designa una capacidad de acogida de 833 menores para esta comunidad, un aumento que la Junta considera injustificado.
Datos clave
- Quién: Junta de Castilla y León.
- Qué: Impugnará el reparto de menores migrantes no acompañados.
- Dónde: Castilla y León, España.
- Cuándo: La impugnación se realizará en los próximos días.
La Junta argumenta que el Gobierno español ha actuado de manera unilateral, ignorando las competencias regionales en la protección de menores. Según un comunicado emitido, el Ejecutivo regional se opone a criterios políticos que no consideran la capacidad real de acogida, lo que, a su juicio, dificulta la planificación adecuada de recursos y amenaza la sostenibilidad del sistema de protección.
Además, la Junta ha señalado que este no es el primer recurso que presentan; anteriormente ya impugnaron un decreto de agosto de 2025, que fijó en 783 la capacidad de menores migrantes. En ese entonces, también se mostraron en desacuerdo y argumentaron que el incremento actual de 60 menores no tiene justificación objetiva.
¿Cuáles son las razones detrás de la impugnación?
La Junta, bajo la dirección de Carlos Pollán, enfatiza que el incremento de menores asignados no guarda relación con el crecimiento poblacional de la región, que ha sido del 0.72% en el último año. Este desajuste, según el Gobierno autonómico, resalta la falta de proporcionalidad en la asignación de recursos y refleja un desconocimiento de la realidad demográfica de Castilla y León.
¿Qué implica este nuevo acuerdo para la gestión de menores?
La decisión de recurrir al sistema judicial subraya la postura firme de la Junta frente a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de atención a menores migrantes. La falta de pacto unánime entre comunidades y la percepción de una gestión inadecuada generan tensiones que podrían tener implicaciones en la atención y protección de este grupo vulnerable.
Con este movimiento, la Junta busca reafirmar sus competencias y asegurar un sistema de protección que responda verdaderamente a las necesidades de la región. La próxima semana será crucial para ver cómo avanza esta impugnación y cuáles serán las respuestas del Gobierno central.
Con información de abc.es