La detención de guardias de seguridad del grupo religioso fue anulada por retrasos en su presentación ante la fiscalía, dejando en libertad a los arrestados.
En un cambio radical de fate, una autoridad judicial en Morelia ordenó la liberación inmediata de 38 personas detenidas en Michoacán, presuntamente vinculadas a la organización religiosa La Luz del Mundo. La detención tuvo lugar en un campamento donde las autoridades decomisaron armas cortas, réplicas y equipo táctico, encuentro que generó controversia sobre el formalismo en los procedimientos legales.
Los individuos, identificados como guardias de seguridad del grupo religioso, no lograron acreditar la legalidad de su presencia en el campamento ni la procedencia legítima de las armas y equipos incautados. La Policía de Michoacán los arrestó en días recientes, pero el proceso estuvo marcado por una demora de 11 horas en su entrega a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que fue determinante para que la jueza de control considerara ilegal la detención.
Es relevante señalar que la Fiscalía había pretendido imputarles el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero la implementación deficiente en los procedimientos judiciales llevó a la anulación de la orden de prisión preventiva. Este caso evidencia cómo las fallas en el cumplimiento de los protocolos legales pueden afectar los procesos judiciales, incluso en casos relacionados con actividades de seguridad y orden público.
La resolución refuerza la importancia de garantizar que las detenciones se realicen respetando los derechos constitucionales, evitando así invalidaciones que puedan beneficiar a los imputados y obstaculizar el acceso a la justicia.