La brutal respuesta del régimen iraní a las protestas genera preocupaciones sobre derechos humanos.
Las autoridades iraníes han intensificado la represión tras las protestas masivas de enero de 2026. Se estima que hasta 40,000 personas han sido detenidas, incluidos médicos que atendían a manifestantes heridos. Guyas conocidos, como Mohammed Saedinia, han sido arrestados por apoyar las movilizaciones. Los funcionarios han ordenado la confiscación de bienes de figuras públicas en un intento de desincentivar futuras protestas.
A su vez, los medios críticos sufren censura, como el cierre del periódico Ham Mihan. Las familias de las víctimas enfrentan vigilancia y restricciones, lo que provoca que transformen los funerales en actos de resistencia. A pesar de la represión, hay una creciente ola de solidaridad entre la sociedad civil y los estudiantes.