A pesar de un decrecimiento del 7% en 2025, el gobierno busca impulsar obras públicas en medio de finanzas estancadas y un contexto de baja inversión. En 2025, la inversión en proyectos de infraestructura en México sufrió una caída de aproximadamente 7%, reflejando la severa sequía en la inversión pública durante el año. Sin embargo, para 2026, se estima un incremento en la asignación de recursos, principalmente en sectores como energía, transporte y caminos, con un presupuesto total de más de un billón de pesos. A pesar de estas cifras alentadoras, el nivel de inversión todavía está lejos de los mejores registros históricos, situándose en torno al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 4.5% alcanzado en 2014. Analistas coinciden en que uno de los principales desafíos es la elevada deuda y déficit fiscal heredados, que limitan la capacidad de expansión del gasto en infraestructura. La priorización de proyectos clave, como los trenes rápidos y megaproyectos en energías renovables, busca dinamizar la economía y atraer mayor inversión privada mediante alianzas público-privadas. La creación del Consejo para la Promoción de Inversiones y reuniones con grandes empresarios reflejan un esfuerzo por optimizar estos recursos, pero aún se enfrenta a un contexto de incertidumbre y estancamiento económico que podría limitar su impacto real. El gobierno federal ha señalado que estos esfuerzos buscan, eventualmente, alcanzar una inversión del 25% del PIB en infraestructura, pero los avances en los próximos años continúan siendo modestos, con estimaciones de crecimiento del PIB en torno al 1.5% en 2026. La clave será concretar proyectos prioritarios y fortalecer las finanzas públicas, para aprovechar la potencial de crecimiento que representa la infraestructura en el desarrollo económico del país.
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