Expertos afirman que la centralización del mando policial limita la efectividad y legitima la autoridad local en materia de seguridad
La estructura institucional vigente en la Ciudad de México, basada en un modelo vertical, impide que las alcaldías ejerzan una autoridad efectiva en temas de seguridad pública. A pesar de estar más cercanas a la ciudadanía y poseer conocimiento del territorio, estas demarcaciones dependen de una estructura centralizada que prioriza el control administrativo sobre la autonomía operativa. Como resultado, enfrentan obstáculos para desplegar acciones preventivas y gestionar recursos de manera autónoma, generando una policía reactiva y desconectada de las necesidades locales.
La relación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y los niveles municipales carece de una coordinación efectiva, debido a la falta de un marco legal que reconozca a las alcaldías como verdaderas responsables en materia de seguridad. Actualmente, estas dependencias carecen de instrumentos legales y presupuestales que les permitan ejercer mando pleno, lo que erosiona la confianza social y concentra el poder en una burocracia que no siempre responde a las comunidades.
Para solucionar esta problemática, expertos consideran imprescindible una reforma política que reconozca a las alcaldías como actores responsables y dotarlas de instrumentos para gestionar la seguridad. La propuesta incluye establecer, en la legislación local, un esquema de gobernanza metropolitana basado en la autonomía operativa, la profesionalización homogénea y la rendición de cuentas compartida, promoviendo un sistema más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.
Mantener el modelo actual continúa favoreciendo una burocracia policial que opera sin sensibilidad territorial, limitando el impacto de las políticas preventivas y fortaleciendo prácticas poco transparentes, como el uso de personal no certificado en labores de proximidad. Frente a ello, la descentralización con controles cruzados podría redefinir la estrategia de seguridad para responder mejor a las necesidades específicas de cada población, reduciendo riesgos y aumentando la legitimidad de las instituciones.