La inversión en infraestructura en México será inferior al 2.5% del PIB, evidenciando un declive que afecta el desarrollo y la competencia internacional.
Para el año 2026, la asignación presupuestaria destinada a obras de infraestructura en México será menor al 10% del gasto total del presupuesto federal, alcanzando aproximadamente 960 mil millones de pesos en inversión física. Este nivel de inversión representa solo una fracción del gasto en comparación con años anteriores y evidencia un posible retroceso en el desarrollo del país, lo cual puede limitar su crecimiento económico y su competitividad internacional. En particular, la inversión proyectada equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto, cifra que se encuentra dos puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en la última década, en 2014, cuando alcanzó el 4.5%.
Este contexto se vuelve más preocupante cuando se consideran los efectos del avance tecnológico y la necesidad de infraestructura moderna para sostener el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población. La inversión en obra pública suele estar relacionada con mejoras en servicios básicos como salud, educación y transporte, sectores prioritarios que en México enfrentan una asignación limitada en el presupuesto. Datos recientes muestran que durante los primeros ocho meses de 2025, la inversión en obra pública experimentó una disminución anual de aproximadamente 35%, evidenciando un abandono que puede impactar el desarrollo regional y la equidad social.
Asimismo, existen notables disparidades fiscales y de infraestructura entre distintos estados del país. Por ejemplo, en 2026, entidades como Tabasco y Campeche recibirán una inversión física per cápita superior a los 50 mil pesos, con una fuerte influencia de la operación de campos petroleros de Pemex. En contraste, localidades como Coahuila, Sinaloa y Aguascalientes tendrán aportaciones inferiores a los 2 mil pesos por persona, evidenciando un desfase que afecta las condiciones de vida en muchas regiones. La inversión se concentra en sectores específicos —como energía, vivienda y transporte—, dejando de lado áreas esenciales como salud, educación y ciencia, que también requieren atención. La estrategia podría beneficiarse de mayor participación del sector privado mediante alianzas público-privadas, aprovechando recursos adicionales para revitalizar la infraestructura del país.
La situación plantea un escenario en el que la inversión en infraestructura podría limitar el crecimiento económico y el acceso equitativo a servicios básicos, poniendo en riesgo la competitividad de México en un contexto global en rápida transformación tecnológica.