La reforma propuesta por el gobierno federal contempla reducir gastos y consolidar estructura electoral, afectando a miles de empleados públicos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) está analizando diferentes escenarios de ajuste interno como respuesta a la próxima reforma electoral que prepara el gobierno. Entre las opciones consideradas, una reducción del 30 por ciento en su presupuesto base de operación y la posible liquidación de hasta 16 mil trabajadores forman parte de los planes preliminares. Estos cambios estructurales incluirían la reconfiguración de juntas locales y distritales, además de una revisión en la relación con los Organismos Públicos Locales y tribunales electorales estatales. La implementación de estas medidas podría implicar costos de liquidación que superan los 6 mil millones de pesos en caso de reestructuración masiva, siendo que actualmente el sistema electoral mexicano destina más de 29 mil millones de pesos anuales, con una gran parte dirigido a salarios y servicios. Expertos consideran que estos ajustes podrían generar ahorros importantes a largo plazo, estimados en más de 9 mil millones de pesos para los próximos años, tras la fusión o desaparición de ciertos órganos electorales. Esta revisión interna aún no ha sido discutida formalmente por el órgano electoral, y forma parte del análisis previo a futuras decisiones presupuestales de 2026. Por otro lado, la reforma electoral que impulsa la actual administración contempla cambios legales profundos para modernizar y reducir gastos en el proceso electoral del país, incluyendo la eliminación del fuero y de las diputaciones plurinominales, además de reducir financiamiento a partidos políticos.