El ladrón del gas licuado crece exponencialmente, especialmente en zonas como Hidalgo, Puebla y el Estado de México, generando peligros y pérdidas económicas.
En los últimos años, el mercado del gas licuado de petróleo en México ha enfrentado un alarmante incremento en el robo y la toma clandestina, fenómenos que han alcanzado niveles críticos. La distribución ilegal mediante conexiones irregulares en ductos, principalmente en regiones como Hidalgo, Puebla y el Estado de México, ha multiplicado la vulnerabilidad de las instalaciones y aumentado el riesgo de accidentes devastadores en las comunidades. La complejidad del sistema de distribución —que incluye tuberías principales de Pemex y ductos privados— hace inevitable que la alteración en uno de ellos pueda comprometer la integridad del proceso y poner en peligro a quienes habitan en las zonas cercanas. Además, la creciente demanda por gas en hogares, que en México abastece a más de 35 millones de viviendas, ha incentivado la venta clandestina, reduciendo costos y fomentando prácticas peligrosas. Históricamente, la regulación en la importación y distribución del gas ha sido un desafío, y en la actualidad, alrededor del 70 % del combustible se importa, lo que agrava la dependencia y vulnerabilidad ante actividades ilícitas. Este escenario, además de poner en riesgo la seguridad pública, afecta la economía nacional, ya que las pérdidas por robo ascienden a millones de pesos mensualmente y dificultan una operación eficiente del sector energético. La problemática del robo de gas LP requiere acciones coordinadas y estrictas para proteger a la población y garantizar la integridad de la infraestructura energética del país.