La falta de preparación y análisis previo en manifestaciones ha permitido la infiltración de violencia, exponiendo la debilidad de las instituciones mexicanas.
En recientes movilizaciones en México, especialmente durante las protestas del 15 de noviembre, se evidenció una profunda deficiencia en la planificación, análisis y gestión de eventos masivos. La ausencia de estudios de riesgos y el fracaso en identificar actores potencialmente violentos permitieron que grupos infiltrados generaran caos y violencia, poniendo en evidencia una débil capacidad institucional para controlar estas situaciones. La falta de una estrategia preventiva y de inteligencia operacional convirtió una legítima expresión ciudadana en un escenario de descontrol y enfrentamientos.
Uno de los principales problemas radica en la capacitación de las fuerzas policiales. La gestión eficaz de manifestaciones requiere habilidades específicas como técnicas de desescalamiento, comunicación efectiva y el uso proporcional de la fuerza, conocimientos que en México todavía no están instituídos a nivel general. La mayoría de los agentes en las calles carecían de certificaciones internacionales en manejo de multitudes, lo que resultó en respuestas desproporcionadas y la escalada de tensiones, más allá de la simple protección del orden público.
Es fundamental que las autoridades mexicanas revisen y fortalezcan sus protocolos, inviertan en capacitación especializada y establezcan análisis de riesgo previos a cada convocatoria. Esto permitirá no solo prevenir la violencia, sino también salvaguardar los derechos de los manifestantes y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La experiencia reciente demuestra que improvisar en estos ámbitos solo genera mayor inseguridad y desconcierto social.