La recaudación de impuestos no se destina a programas sanitarios, poniendo en duda su efectividad para mejorar la salud pública.
La implementación de gravámenes adicionales a productos como bebidas azucaradas y tabaco busca reducir el consumo y disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas con la alimentación y el estilo de vida. Sin embargo, expertos señalan que, aunque estas medidas son consistentes con recomendaciones internacionales, su verdadero potencial se ve limitado si los recursos recaudados no se destinan a fortalecer los sistemas de salud.
El gasto público en salud en el país ha disminuido en los últimos años, pasando de representar aproximadamente el 2.8% del Producto Interno Bruto a cerca del 2.5%. La falta de programas efectivos de prevención y atención ha contribuido a que el sistema sanitario esté fragmentado, con cobertura insuficiente y servicios médicos que no alcanzan a toda la población. Esto dificulta el control de padecimientos crónicos y promueve un aumento en el riesgo de enfermedades como cáncer y obesidad.
Aunque los impuestos a productos como los edulcorantes no calóricos han sido propuestos, la evidencia científica aún no respalda con claridad su seguridad o efectividad para controlar la obesidad. Además, la exención de bebidas alcohólicas en la propuesta genera preocupación, pues estas también están vinculadas a diversas complicaciones de salud. Para lograr un impacto real en la salud pública, es necesario que los recursos recaudados sean claramente etiquetados y utilizados en programas de prevención, atención y promoción de hábitos saludables.
El reto para las autoridades es establecer una política fiscal que no solo sancione, sino que también financie soluciones efectivas, garantizando que los impuestos realmente beneficien a la salud de la población y contribuyan a un sistema sanitario más sólido y equitativo.