La propuesta de Sheinbaum para gravar refrescos busca reducir el consumo y mejorar la salud pública, respaldada por recomendaciones internacionales.
La estrategia para incrementar los impuestos a bebidas azucaradas en México busca priorizar la salud pública sobre la recaudación fiscal. La iniciativa, que proyecta aumentos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pretende disminuir el consumo cotidiano de refrescos en la población mexicana, donde cifras nacionales revelan que siete de cada diez niños y adolescentes ingieren al menos un refresco diario. La política forma parte de un enfoque integral para reducir las altas tasas de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcares, como diabetes y obesidad, que generan gastos significativos al sistema de salud local.
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha promovido la elevación de impuestos a productos nocivos, incluyendo bebidas azucaradas, como parte de su iniciativa “3 para el 35”. Esta estrategia busca incrementar en al menos la mitad los precios de productos como los refrescos, con la meta de reducir su consumo en una década y evitar millones de muertes prematuras vinculadas a enfermedades crónicas. La experiencia de países como Colombia y Sudáfrica muestra que los aumentos de impuestos al tabaco y bebidas azucaradas también incrementan la recaudación y favorecen entornos con estilos de vida más saludables.
En México, las autoridades fiscales prevén recaudar aproximadamente 41 mil millones de pesos por las nuevas medidas impositivas, destinados en su mayor parte a fortalecer los programas de atención en salud. Los especialistas subrayan que una parte sustancial del gasto en salud relacionada con el consumo de azúcares podría reducirse mediante políticas fiscales eficaces combinadas con campañas de educación y promoción de estilos de vida saludables, contribuyendo a disminuir la carga de las enfermedades cardiovasculares y otras relacionadas.
El cambio en la legislación forma parte de una estrategia más amplia para promover hábitos más saludables, en un contexto donde el consumo de bebidas azucaradas representa un riesgo considerable para la salud pública y genera un impacto económico relevante en el sistema sanitario nacional.