La iniciativa busca aumentar la recaudación mediante gravámenes a productos nocivos, pero su efectividad en cambiar hábitos y mejorar la salud es cuestionada. En el marco de la propuesta económica para 2026, el gobierno mexicano planea incrementar los impuestos especiales sobre productos como refrescos, tabaco, ultraprocesados, apuestas y videojuegos violentos con el objetivo de fomentar mejores hábitos de consumo y financiar programas sociales. Sin embargo, análisis recientes sugieren que estos gravámenes podrían no cumplir con su propósito de reducir el consumo de manera significativa, ya que en México la tendencia muestra que los aumentos de precios no siempre se traducen en cambios sostenidos en la demanda. Las modificaciones propuestas elevan la cuota tributaria sobre los refrescos, acercándola al 20% del precio final, un nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud para influir en el comportamiento de los consumidores. En el caso del tabaco, se contempla una escalada gradual en tasas y cuotas específicas. No obstante, la experiencia pasada indica que, aunque estos impuestos generaron reducciones de compra en el corto plazo, el consumo se estabilizó con el tiempo, y el dinero recaudado solo aumentó la rentabilidad de los productos sin lograr cambios profundos en los hábitos. Un punto relevante en este debate es la opacidad en el destino de los recursos recaudados. La falta de mecanismos transparentes genera incertidumbre sobre si los fondos se destinan a fortalecer el sistema de salud o si terminan en proyectos no ligados a políticas sanitarias. Además, la incorporación de gravámenes a los edulcorantes, considerados por organismos internacionales como la EFSA o la FDA seguros y útiles para reducir el azúcar, evidencia una contradicción en la política pública. Los expertos coinciden en que los impuestos al pecado funcionan mejor como parte de un conjunto integral de estrategias que aborden los múltiples factores que contribuyen a la mala salud públi
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