La reforma laboral disminuye la recaudación de sociedades, concentrando beneficios en unas pocas empresas y afectando los ingresos destinados a las provincias en 2026.
La reciente modificación en la estructura del impuesto a las ganancias, incluida en la reforma laboral, propone reducir las tasas aplicadas a las grandes sociedades, específicamente en los tramos superiores. Actualmente, las empresas pagan alícuotas escalonadas que varían del 25% al 35% según sus beneficios netos, pero la nueva normativa disminuirá las tasas del 30% al 31,5%, favoreciendo principalmente a las compañías con mayores ganancias.
Este cambio fiscal tiene un impacto notable en la recaudación estatal, dado que una pequeña élite empresarial concentra la mayor parte de los impuestos abonados. De acuerdo con estadísticas recientes, apenas el 1% de las sociedades—que generan más de 15 mil millones de pesos anuales—aportan más de la mitad de la recaudación total del impuesto a las ganancias. La reducción de tasas afectará una recaudación proyectada de 34,3 billones de pesos en 2026, de los cuales aproximadamente 3,1 billones dejarán de percibirse, fragmentando su impacto en las arcas nacionales y las provincias.
El efecto se reflejará principalmente en las finanzas de las provincias, que perderán alrededor de 144 mil millones de pesos mensuales en transferencias por parte del gobierno central en el próximo año. Este monto equivale a un descenso del 29% en los ingresos provinciales derivados del impuesto, lo que puede influir en fondos para servicios públicos y obras locales.
Este contexto revela una tendencia global hacia una mayor concentración de beneficios fiscales en sectores económicos específicos, lo cual plantea desafíos en la distribución equitativa de recursos y en la recaudación efectiva de impuestos progresivos. La decisión de ajustar las tasas busca promover mayor competitividad, pero también intensifica la discusión sobre las políticas fiscales y su efecto en la distribución de riqueza.