El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó la necesidad de reformas en ciertos procedimientos y detalló avances en productividad y reorganización institucional.
Hugo Aguilar, al tomar el liderazgo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó su postura firme contra la retroactividad en la Ley de Amparo, señalando que algunas modificaciones en la normativa sí resultaron necesarias para agilizar procedimientos considerados interminables en el pasado. Estas reformas están siendo analizadas por la Cámara de Diputados, y su implementación busca modernizar el sistema judicial sin afectar derechos fundamentales.
Desde su llegada al cargo, el ministro Aguilar ha iniciado una serie de ajustes en la estructura interna de la corte. Entre las acciones destaca la reducción del equipo administrativo, en el que un 40% de los colaboradores fue trasladado a distintas áreas, y la sustitución del personal de seguridad por profesionales con habilidades en idiomas indígenas y atención ciudadana. Además, aseguró que no existen conflictos internos relevantes y que algunos espacios físicos serán desconcentrados para optimizar recursos.
Respecto a la productividad, Aguilar se mostró satisfecho con los resultados en el primer mes, informando que desde marzo de 2003, la Corte resolvía en promedio cinco casos por sesión, cifra que actualmente ha aumentado a once. En total, en más de 30 días, se resolvieron 116 casos, lo que refleja un incremento significativo en la eficiencia del órgano judicial. También anunció la presentación inminente de los primeros proyectos de sentencia, abordando temas como prisión preventiva y asuntos fiscales, en los próximos días.
Su gestión también contempla una reestructuración del personal de planta, en la que 35 plazas han sido reubicadas, además de una reorganización en el área de seguridad para facilitar un trato más cercano a la ciudadanía y mejorar la comunicación con diferentes comunidades, entre ellas, las hablantes de lenguas indígenas.
Estos cambios buscan fortalecer la independencia institucional de la Corte y mejorar la atención a los ciudadanos, en un contexto en el que las reformas judiciales requieren de una implementación efectiva para cumplir con los estándares de eficiencia y transparencia que demanda la sociedad.