A pesar de múltiples advertencias y sanciones, redes ilegales de combustibles mantienen operaciones simultáneas en diferentes regiones del país. En los últimos años, las actividades ilícitas relacionadas con el comercio de hidrocarburos han persistido, a pesar de las campañas de supervisión y las alertas emitidas por diversas instituciones gubernamentales. La fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (Sener) y otras agencias revelan un patrón de irregularidades que han sido detectadas desde 2019, sin que las acciones contundentes logren detener completamente estas operaciones. Desde esa fecha, las autoridades han detectado movimientos atípicos en las declaraciones fiscales de varias empresas del sector energético, incluyendo transacciones millonarias con pagos mínimos de impuestos y operaciones que resultan imposibles de verificar. Se han identificado compañías que declaraban importaciones de combustibles sin infraestructura ni permisos activos, en algunos casos usando documentos falsificados o clonados para justificar sus movimientos aduaneros. Los registros oficiales también muestran permisos vencidos o revocados que, pese a ello, siguieron operando en las fronteras y en diversas regiones del país. El análisis de la información revela un esquema complejo que combina el uso de empresas fachada, facturación cruzada y redes de contrabando aduanal, con un impacto que va más allá de la evasión fiscal. La compra y venta de combustibles adulterados, la manipulación de dispositivos electrónicos de despacho y la venta de combustibles contaminados también han sido documentadas y sancionadas en varios estados. Pese a estos esfuerzos y a los avisos emitidos, las instituciones responsables continúan enfrentando desafíos para frenar completamente estas redes delictivas, lo que evidencia una coordinación limitada y la necesidad de fortalecer los controles en todos los niveles del sector energético. Este panorama destaca la dificultad
Miércoles, 13 de mayo de 2026
