La calificadora destaca el limitado margen de maniobra del gobierno ante altos gastos y un crecimiento económico débil en México, con riesgos por posibles tensiones comercio y finanzas.
La estabilidad de la perspectiva crediticia de México se mantiene, aunque las condiciones económicas y fiscales presentan desafíos considerables. El gasto público sigue siendo altamente concentrado en subsidios, programas sociales y el servicio de intereses, lo que limita la capacidad de maniobra del gobierno, ya que cerca del 80% del presupuesto se destina a estos rubros. La presión financiera se refleja en un costo que alcanzará el 3.75% del Producto Interno Bruto en 2025, la cifra más alta en una década, afectando las posibilidades de inversión productiva y crecimiento sostenido.
En cuanto a la actividad económica, México enfrenta un panorama de crecimiento moderado, estimado en apenas 0.9% para 2025. Factores como la desaceleración en Estados Unidos, principal socio comercial, y la reducción en inversión pública tras importantes proyectos de infraestructura, contribuyen a este escenario. La inflación, que cerrará en torno al 4%, se mantiene por encima del objetivo del Banco de México, mientras que el tipo de cambio se estabiliza en un promedio de 19.50 pesos por dólar, aunque aún existen riesgos de volatilidad si surgen nuevas tensiones comerciales o políticas, particularmente en torno a la renegociación del T-MEC.
El informe también resalta que los esfuerzos para rescatar a Pemex y el aumento de gastos en pensiones y jubilaciones —que representan actualmente el 4.3% del PIB— siguen elevando las presiones sobre la deuda pública. Aunque las transferencias a la petrolera han sido recortadas, la deuda del sector público continúa en ascenso y se proyecta que la relación deuda/PIB supere el 57% hacia 2032, influenciada por el envejecimiento poblacional, tasas reales crecientes y mayores necesidades de financiamiento social.
Para mejorar su perspectiva, México puede apostar a mantener déficits fiscales por debajo del 3% del PIB, fortalecer la recaudación y estimular la inversión privada. Sin embargo, una disminución en ingresos o un crecimiento cercano al 1% podría comprometer la estabilidad fiscal, lo que podría requerir una mayor emisión de deuda.