La suspensión de los sistemas de certificación deja sin control la atención médica en instituciones públicas y privadas, generando preocupación e incertidumbre sobre estándares y costos. Durante el mes de noviembre, se cumplió un año desde que el Consejo de Salubridad General suspendió el Modelo Único de Evaluación de la Calidad, que medía los estándares de hospitales y clínicas en el país. La decisión afectó a más de 300 unidades, de las cuales solo 17 permanecen certificadas, dejando a un número considerable de establecimientos sin supervisión formal en cuanto a seguridad y calidad de atención. La ausencia de un sistema unificado para evaluar el sector sanitario públicos y privados impide verificar si las instituciones cumplen con los mínimos requisitos de seguridad para los pacientes y si los cobros se justifican con los resultados reales. Esta situación ha provocado un vacío en la regulación, en medio de investigaciones que revelan prácticas abusivas en cobranza y represalias contra aseguradoras, lo que refleja la importancia de contar con políticas claras en regulación y protección al usuario. Expertos en salud advierten que la falta de mecanismos efectivos y la burocracia dificultan el acceso a la protección del consumidor, y subrayan que la reactivación de un sistema de evaluación requiere acciones coordinadas a nivel federal. Se espera que para el próximo año los legisladores presenten propuestas para instaurar un nuevo esquema, mientras que la colaboración con actores como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros será clave para garantizar la regulación y transparencia en costos y servicios.
