La empresa acusa a los ministros de decidir sobre sus casos por instrucciones políticas, afectando la confianza en la justicia mexicana. En un comunicado reciente, el Grupo Salinas afirmó que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con las presuntas deudas fiscales de sus empresas responden a una línea política ordenada desde el Poder Ejecutivo. La compañía sostiene que estos fallos se han efectuado sin un análisis profundo de los argumentos y contrariando principios fundamentales del Estado de Derecho, como la legalidad y el debido proceso. Este alegato surge en medio de una serie de resoluciones que han afectado directamente a las operaciones del grupo empresarial y a su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. La firma calificó estos movimientos como un “atropello sistemático” a sus derechos y alertó sobre las repercusiones que este escenario tiene para la inversión nacional e internacional, especialmente ante la próxima revisión del acuerdo T-MEC. Históricamente, la independencia del Poder Judicial ha sido un pilar clave para la estabilidad económica y social en México. Sin embargo, casos recientes han alimentado dudas sobre la imparcialidad del tribunal supremo, generando inquietudes entre empresarios y actores políticos sobre la posible influencia de agendas externas en las decisiones judiciales. La postura de Salinas Pliego también destacó que seguirán defendiendo sus intereses en instancias nacionales e internacionales, a la vez que reafirmaron su compromiso con pagar lo que consideran justo. Los hechos reflejan una tensión creciente entre el poder judicial y los grupos empresariales, ante un contexto de reformas y debates sobre la independencia de las instituciones en el país. La resolución ha marcado un capítulo en la percepción de la justicia en México, generando discusiones acerca de la necesidad de fortalecer la autonomía judicial para garantizar decisiones imparciales.
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