Madrid, España. – El 28 de abril de 2025, la Península Ibérica experimentó un apagón sin precedentes, afectando a más de 50 millones de personas. En solo veinte segundos, se perdió el 60% de toda la electricidad generada, paralizando trenes, hospitales y cajeros automáticos.
Los informes oficiales identifican una sobretensión en la red de 400 kV en el suroeste de España como el detonante del colapso eléctrico. Esto provocó desconexiones prematuras de centrales en Andalucía y Extremadura, generando una reacción en cadena que culminó en el apagón completo del sistema. Las condiciones del sistema eléctrico, con una alta penetración de energías renovables, contribuyeron a la inestabilidad.
Las autoridades españolas, incluyendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sostienen que existían herramientas y protocolos que podrían haber evitado el incidente. Sin embargo, un año después, la controversia persiste sobre quién es responsable. La Red Eléctrica de España señala que las centrales no siguieron los protocolos adecuados, mientras que las grandes eléctricas aseguran que la red operaba al límite de seguridad.
El informe del Senado corrobora la responsabilidad del Gobierno y de la propia Red Eléctrica, acusándola de no implementar medidas preventivas. Simultáneamente, la situación se complica con demandas legales entre empresas eléctricas y un Congreso que aún investiga el caso. La presidenta de la Red Eléctrica no ha dimitido y continúa en su cargo, a pesar del escrutinio público.
La falta de consecuencias visibles deja a la población cuestionándose si se tomarán medidas para evitar que un incidente similar se repita en el futuro. La incertidumbre continúa, mientras los responsables siguen en sus posiciones.