El Ejecutivo busca modificar condiciones laborales mediante un proyecto que incluye artículos del DNU 70 y del decreto de la Marina Mercante, enfrentando distintas resistencias políticas y legales. El gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma laboral que contempla la incorporación de artículos previamente cuestionados en el decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, los cuales fueron anulados parcialmente por un fallo judicial. La iniciativa busca modificar aspectos clave del marco laboral, incluyendo la posibilidad de extender la jornada laboral a 12 horas y reducir las indemnizaciones tradicionales, reemplazándolas por un fondo de cese laboral. Además, la propuesta contempla cambios en las regulaciones sobre los aportes sindicales y la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que generó debates en el Congreso y entre actores sindicales y empresariales. Entre los antecedentes de la discusión, destaca el interés del gobierno en descentralizar las negociaciones paritarias, permitiendo que cada empresa fije condiciones según su realidad, ubicación y rentabilidad. Esta medida busca reducir el poder de los gremios y fomentar negociaciones por productividad. Asimismo, el proyecto incorpora ideas del decreto que regula la Marina Mercante, estableciendo un régimen de excepción que declara ciertos servicios marítimos y fluviales como esenciales, garantizando la prestación mínima de estos recursos en caso de conflictos gremiales. Sin embargo, esta legislación ha sido rechazada por algunos sindicatos y sectores políticos opuestos, quienes temen una reducción en la protección laboral. En el contexto judicial, una jueza declaró inconstitucionales varios artículos del decreto 70/23, lo que señala desafíos legales que el oficialismo deberá sortear para implementar la reforma. La discusión ahora gira en torno a la viabilidad de aprobar modificaciones que alteran derechos laborales adquiridos, en un escenario político que, según los analistas, podría beneficiarse de la
Miércoles, 13 de mayo de 2026
