La modificación permite que los decretos de anuncios presidenciales sean revisados en ambas cámaras, retrasando la posible veto de Milei y generando nuevo escenario político.
El gobierno logró introducir una modificación en la normativa que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), con una estrategia que involucró el apoyo de varios gobernadores y aliados políticos. Esta jugada, que se realizó en la Cámara de Diputados, permite que los decretos del presidente puedan ser revisados y aprobados por ambas cámaras dentro de un plazo de 90 días, desplazando así un mecanismo clave que restringía su validación automática. La maniobra fue posible gracias a abstenciones y ausencias estratégicas, principalmente de legisladores de Provincias Unidas y otros bloques distanciados del kirchnerismo, quienes facilitaron la aprobación con votos provenientes de aliados del oficialismo. La ley ahora deberá pasar por el Senado, donde el peronismo tiene mayoría, y apunta a que la Casa Rosada tenga mayor control sobre los decretos y prolongue el proceso, esperando que el presidente Milei oponga veto y que posteriormente, las cámaras rechacen esa medida. La modificación fue vista como una estrategia para ganar tiempo en un contexto político de alta tensión, en el que el oficialismo busca fortalecer su influencia en el Congreso y retrasar decisiones que puedan limitar sus facultades.