Con un decreto firmado por Milei, se restringe la intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate en la regulación de precios y competencia, impulsando un cambio en el sector.
En un movimiento que marca un giro importante en la regulación del mercado de yerba mate, el gobierno implementó una serie de cambios que limitan sustancialmente la intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Mediante la emisión del Decreto 812, se estableció que dicha institución no podrá adoptar medidas que afecten los precios, la competencia o la oferta y demanda del sector, dejando de lado la facultad que tenía desde 2002 para intervenir directamente en la fijación de valores y normativas.
Este ajuste legal implica que el sector yerbatero perderá su capacidad de regular los precios de referencia de la materia prima, cuyo valor antes era establecido por el propio organismo. La modificación responde a una tendencia de desregulación impulsada por el actual cronograma gubernamental, que busca flexibilizar la economía del sector en medio de un contexto de crecimiento en las exportaciones y una notable caída en el valor real de la yerba mate.
La decisión fue acompañada por un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que reveló que desde diciembre de 2023, el precio real de la yerba cayó más de 44%, aunque en términos nominales se ha mantenido estable desde julio de 2024. Paralelamente, las cifras oficiales indican que las exportaciones alcanzaron récords históricos, con perspectivas de cerrar 2025 con más de 50 millones de kilos vendidos al exterior, reforzando la percepción de un mercado en cambio.
Este cambio legislativo marca un paso clave en la política económica del país respecto a los sectores productivos, priorizando la libertad de mercado sobre la intervención estatal en aspectos de precios y producción, una decisión que genera impacto en productores y consumidores por igual.