Buenos Aires, Argentina. – Gobernadores de diferentes signaturas políticas han solicitado a la Casa Rosada que se elimine o modifique la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, incluido en el proyecto de reforma laboral. Este pedido surge debido a la preocupación por la reducción de recursos coparticipables y su impacto negativo en las finanzas provinciales.
La presión por parte de los mandatarios se intensificó a medida que se acerca el debate en el Senado sobre la reforma. Destacan el potencial impacto fiscal de aproximadamente $3 billones en pérdida de recursos para las provincias, lo que ha generado resistencia incluso entre los gobernadores aliados al oficialismo.
Los gobernadores han condicionado su apoyo a la reforma laboral a la resolución de estos cuestionamientos. En las negociaciones, sugirieron que el Gobierno asuma el costo fiscal de la medida o considere posponer su implementación hasta 2027. La reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, se percibe como un riesgo para la estabilidad financiera de las provincias.
Entre las provincias más afectadas se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que enfrentan pérdidas significativas. Este contexto ha llevado a los gobernadores a exigir garantías que resguarden su situación fiscal ante un ajuste en la recaudación.
Por otro lado, algunos gobernadores han mantenido una postura negativa frente a la reforma laboral, citando que no se trata únicamente de una cuestión fiscal, sino de la naturaleza del proyecto, que consideran perjudicial para los derechos laborales. El debate se ha centrado más en el aspecto fiscal que en la protección de los trabajadores, dejando de lado las cuestiones relacionadas con el empleo y los salarios.
A medida que el Senado se prepara para abrir el debate, el Gobierno enfrenta un dilema: decidir entre mantener el capítulo fiscal, que podría arriesgar apoyos clave, o ceder en este punto para asegurar el avance de la reforma laboral, cuestionada por diversos sectores de la sociedad.