El funcionario señala la necesidad de fortalecer instituciones y recursos para resolver los problemas hídricos del país, además de abordar reformas legislativas.
La crisis en el abastecimiento de agua en México ha agravado por el debilitamiento institucional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), recortes presupuestales históricos y una insuficiente inversión en infraestructura básica como sistemas de suministro, drenaje y obras hidráulicas. Expertos coinciden en que solventar estos desafíos requiere más que legislación; es fundamental fortalecer las instituciones, tecnificar los procesos y aumentar los recursos financieros para garantizar un acceso efectivo y sostenible al vital líquido.
En este contexto, un legislador advirtió sobre los riesgos asociados con reformas recientes, entre ellas la eliminación del régimen de transmisiones de derechos de agua, lo que complicaría la herencia y venta de propiedades, afectando la continuidad agrícola y el financiamiento rural. Además, la propuesta legislativa impone obligaciones y plazos que la misma CONAGUA no tendría capacidad de atender, lo que podría generar ineficiencias administrativas y retrasos.
Asimismo, se evidenció que el plan presupuestal para el sector hídrico en 2026 es insuficiente: mientras organismos internacionales recomiendan destinar más de 130 mil millones de pesos anuales para agua potable y saneamiento, México solo contará con aproximadamente 36.7 mil millones. Ante ello, se propone la creación de un Fondo para el Derecho Humano al Agua, con reglas claras y obligatorias que aseguren una gestión más equitativa y efectiva.
Finalmente, se hizo un llamado a que las audiencias legislativas sean espacios realmente constructivos, donde las voces de expertos y comunidades aporten al diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades del sector y del país.