Trabajadores denunciaron cobros indebidos y amenazas por parte de un cercano colaborador de la Secretaría, quien también fue funcionario en Venezuela.
Recientes denuncias internas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) revelan prácticas irregulares en la Dirección de Materiales Educativos, donde un funcionario cercano a la autoridad máxima de esa área habría ejercido presiones y cobros indebidos a su equipo. Las acusaciones señalan que Sady Loaiza Escalona, quien ocupa un puesto en la dependencia, solicitaba cuotas económicas a empleados bajo amenazas y presionaba para que entregaran hasta dos meses de salario, en presencia de un entorno laboral marcado por violencia y hostigamiento.
Loaiza Escalona no solo enfrenta estas acusaciones en México, sino que también cuenta con antecedentes en Venezuela, donde desempeñó cargos en instituciones vinculadas a la gestión cultural y social del gobierno de Nicolás Maduro. Durante su estancia en la SEP, fue responsable de la elaboración del contenido de los libros de texto gratuitos para educación básica, un área altamente sensible y de gran impacto en la política educativa del país.
De acuerdo con testimonios recabados, en marzo de 2025, algunos empleados recibieron llamadas donde se les pedía devolver entre uno y dos meses de sueldo mediante transferencias bancarias bajo pretextos como financiamiento de visitas escolares o adquisición de software. Las transferencias, realizadas a cuentas a nombre de una pareja sentimental del funcionario, Darwin Camacaro, en realidad pertenecían a esta persona, que no tiene vínculo laboral con la Secretaría. Además, se recabaron comprobantes de depósitos en diversas instituciones financieras, evidenciando el monto total que fue devolviendo el personal afectado.
En paralelo, se denuncian conductas de violencia laboral, incluyendo gritos, intimidaciones y agresiones físicas durante reuniones, lo que genera un clima de inseguridad y acoso en el entorno de trabajo. Estas acciones motivaron que algunos integrantes del equipo solicitara al Órgano Interno de Control de la dependencia que investigara estos hechos. Luego de su salida del cargo en julio de 2025, Loaiza Escalona fue promovido a un puesto en el gobierno del estado de Nayarit, evidenciando un posible ascenso paralelo a las acusaciones.
Las organizaciones laborales advierten que estos comportamientos constituyen delitos de abuso de autoridad, tipificados en el marco legal federal, con penas de prisión que van de uno a ocho años. La situación refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de control y proteger a los empleados de prácticas intolerables en la administración pública.